sábado, 6 de septiembre de 2014


LAS TRAMAS CORRUPTAS DEBILITAN LA MALTRECHA DEMOCRACIA ESPAÑOLA. 1ª PARTE.
Por Antonio José Parafita Fraga. Escritor y comentarista de temas sociales y políticos. De su blog: verbosuelto.blogspot.com.
 
El autor de este trabajo/ensayo, pretende realizar una descripción  de la compleja y delicada realidad política, social y económica de este país, para que, al menos los lectores, tomen conciencia cívico/política de la necesidad de contribuir al cambio de las actitudes negativas y conductas   viciadas, que predeterminaron las tramas corruptas y el debilitamiento todavía mayor de la achicada democracia española. Para ello, este comentarista ha seguido el método de la recopilación de informaciones y datos, que se han hecho públicos a través de los medios de comunicación y de los autos de jueces, con motivo de los variados casos de supuestas corrupciones, pero sin prejuzgar ni mucho menos juzgar, con prejuiciosa intencionalidad, y a la ligera, los hechos referenciados.
Y partiendo de ellos, de los datos recopilados, se ha realizado un análisis riguroso y una profunda reflexión, especialmente en lo concerniente a las causas esenciales de los mismos y a los efectos dimanantes de los torticeros y perversos comportamientos de quienes presuntamente actuaron al margen de la legalidad, como pueden ser resaltados, entre otros, el desorbitado aumento del número de parados o desempleados, los escalofriantes datos estadísticos relativos a los altos niveles de conmovedora pobreza e, incluso, un progresivo ensanchamiento de la bochornosa y humillante situación de miseria a sectores sociales más amplios de un paradójico estado social y del bienestar. Este ensayista, pretende que sea el lector quien realice también su propio y particular análisis crítico valorativo y extraiga las correspondientes conclusiones.
Uno de los objetivos de este ponderado estudio sobre la difícil y delicada realidad situacional de este país, es alentar, dentro de lo posible, a que los ciudadanos en general y a sus  representantes en particular, para que se impliquen y comprometan en la tarea de impulsar y promover los necesarios cambios, orientados a desarraigar hábitos nefastos y conductas perversas, con el claro propósito de favorecer el desarrollo y el bienestar individual y colectivo de este país, España, dotado, por cierto, de unas potencialidades económicas, culturales y humanas tan considerables, que, por eso, hacen más reprobables y dignas de la máxima repulsa las actuaciones presuntamente delictivas de los corruptos y corruptores, porque con su deshonroso y degradante proceder empobrecieron a unos y hundieron en la miseria a otros, al tiempo que coadyuvaron a que los que ya eran ricos, se enriquecieran aún más y a que los que eran pobres, vieran acrecentada su pobreza. Pero sin olvidar que las corruptelas fueron también factor importante del dramático aumento de indigentes y excluidos sociales.
Llama poderosamente la atención que, en las democracias avanzadas, y la española lo es  por contar con casi 35 años de vida y un notable grado de consolidación, proliferen, con relativa facilidad, sorprendente frecuencia y desmesurada intensidad, como si se tratase de una desdichada fatalidad de naturaleza calamitosa, los casos de presuntas tramas de corrupción en el ámbito y seno de algunas instituciones y organizaciones del Estado, debiendo ser mencionados los escandalosos casos de: blanqueo de capitales, ocultación de ingentes cantidades de dinero en paraísos fiscales con la intencionalidad manifiesta de evadir también los impuestos, tráfico de influencias, saqueo, despilfarro y apropiación indebida de fondos públicos, dentro de los partidos políticos, de los dos grandes sindicales clásicos y de clase, y en el ámbito de las organizaciones empresariales e, incluso, de algunas asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro. Y éste, respetable lector, es el lado sórdido de la actual situación social, creada por los corruptores del sistema político español, y tal estado de cosas  forma parte de la palpitante, estremecedora y patética realidad mediática del momento actual.
HECHOS PUBLICADOS. ACTITUD DE LOS POLÍTICOS Y OPINIÓN CIUDADANA.
Para la opinión pública, resultan muy difíciles de digerir los inmorales casos de saqueo y malversación de fondos públicos, cuyo destino era la prestación de servicios sociales a los ciudadanos en situación de precariedad laboral, económica y familiar, y que, según los medios de comunicación, los jueces y fiscales, han tenido y tienen como escenarios principales, Cataluña y Andalucía, pudiendo ser consideradas como el paradigma y máximo exponente de las más abyectas y obscenas tramas corruptas que se dieron en España, en la etapa democrática, y que fueron la mayor afrenta y ultraje, así como el más pernicioso varapalo que recibió el sistema político español desde la transición, que, por lo demás, lastran por tiempo indefinido no sólo la reactivación de la economía sino que también entorpecen la creación de empleo, condicionan la estabilidad social y económica y retrasan o difieren la recuperación de la confianza de los mercados.
Además, las mencionadas supuestas ilegalidades constituyeron una de las causas por las que ciertos segmentos de la sociedad española viven sumidos en la más tremebunda pobreza y/o miseria. Y todo esto, está ocurriendo sin que los movilizadores de oficio y los mesiánicos salvapatrias toquen a rebato desde sus habituales y socorridas campanas de Twitter y Facebook, llamando a concentraciones o manifestaciones masivas y a protestas contundentes contra los presuntos corruptores del sistema democrático de este país, y a favor de la solidaridad con los afectados por las corruptelas cometidas por tanto depravado y miserable como ha pululado impunemente por los ámbitos políticos y administrativos de España. Sobre las razones de esta inhibición y actitud pasiva, puede y debe el lector pensar unos instantes en cuáles son o pueden ser éstas, y sacar sus propias conclusiones.  
Mientras tanto, los honestos ciudadanos contemplan atónitos cómo los corruptos campan a sus anchas por los 17 reinos de taifas o comunidades autónomas del Estado español y cómo las prebendas y privilegios de la clase política adquiere carta de naturaleza entre los dirigentes de los partidos, sindicatos, empresarios y cargos públicos, para escarnio y mofa del resignado contribuyente. No obstante, debe señalarse que esta afrentosa fenomenología del despilfarro y saqueo de fondos públicos se da en parecidos términos y proporciones en el resto de los países europeos.
Por fortuna, todavía quedan jueces, magistrados y fiscales que intentan evitar el sistémico desangrado del malherido y ya anémico cuerpo del estado democrático social y de derecho, conteniendo o deteniendo la tremenda hemorragia causada por tanta corrupción, mediante la investigación e instrucción de casos protagonizados por tramas corruptas presuntamente delictivos. Los nichos de corrupción se extienden como regueros de pólvora a lo largo y ancho de la geografía española.
Naturalmente, y sin perder demasiado tiempo en disquisiciones metafísico/filosóficas de índole política y social, adelantamos que el menoscabo del sistema político español y la desconfianza del pueblo en las instituciones públicas, se deben a causas multifactoriales, como, por ejemplo, que no han funcionado correcta y adecuadamente los mecanismos de control que fueron establecidos, precisamente, por la propia democracia, aparte de otras consideraciones a las que se hará alusión a lo largo del presente análisis de situación política y democrática de España. Esta falta de controles, propició en buena medida la lenta descomposición y el progresivo deterioro de las estructuras e instituciones democráticas del Estado. Y, como consecuencia, fue germinando la semilla de la desconfianza ciudadana en la política, los políticos y los gobernantes.
Dejó de brillar también la luz de las ideologías, desaparecieron los líderes que antaño las encarnaban y surgieron entonces, en la oscuridad del vacío de ideas, en la orfandad de los liderazgos y en las tenebrosas sombras de la confusión, el descontento y la decepción de la ciudadanía, los oportunistas antisistema y los mercaderes de la menesterosidad ajena, para luego vivir, con fingida hipocresía, del propio sistema, aunque camuflen o disfracen sus mensajes por medio del cínico discurso de ser los opositores a la casta política y los garantes del verdadero regeneracionismo político, social, institucional y democrático que necesita España.
 
CRISIS PERSISTENTE, CORRUPCIÓN Y PARO. REFORMAS LEGISLATIVAS.
Y así, con planteamientos más quiméricos y fantasiosos que cabales y sensatos, irrumpieron en el escenario político una pléyade de oportunistas, demagogos y populistas, con discursos radicales y totalitarios, así como con propuestas utópicas y trasnochadas, que en el actual estado de frustración y desconcierto social, tuvieron y siguen teniendo sus fieles  y leales adeptos. Estos emergentes personajes, pueden agruparse en: salvadores caudillistas de nuevo cuño, bribones y pancarteros, lechuzos y rufianes, agiotistas y logreros, fulleros y truhanes, caciques y tahúres, chocarreros y gorrones, trapisondistas y gañanes, politicastros y embaucadores, dogmáticos y anticlericales, de pensamiento único.
Repárese en que los regímenes dictatoriales y/o totalitarios, no permiten en absoluto la crítica ni el control de la acción político/administrativa de las instituciones y sus gobernantes. En España, existe la perentoria necesidad de llevar a cabo una especie de segunda transición, que facilite establecer bases sólidas para una profunda regeneración democrática y que favorezca el cambio o modificación de algunas leyes imprescindibles para revitalizar la vida política y democrática, como pueden ser: la Ley de financiación de partidos políticos y  de las organizaciones sindicales, la Ley electoral, la normativa que, de manera implacable, sancione a quienes no cumplan escrupulosamente la Ley de transparencia, malversando  fondos públicos o destinándolos a una finalidad distinta a la que figura en la correspondiente partida presupuestaria o presupuestando actividades u obras cuya urgencia o necesidad es de dudosa justificación.
De igual modo, se impone la revisión del título VIII de la Constitución de 1978, para llevar a cabo una distribución territorial de España, más acorde con las nuevas realidades políticas, sociales y económicas y que facilite una mejor racionalización del gasto público. El sistema autonómico está agotado, mal regulado, y los criterios de solidaridad entre las autonomías no se aplican, a la vez que se acentúan más las asimetrías interregionales. Y asimismo, los fueros y/o conciertos, ponen de manifiesto tanto unas injustas discriminaciones como las diferencias históricas anacrónicas, carentes de sentido en el  siglo XXI. En cualquier caso, hay que acometer las reformas que sean precisas y oportunas para revisar las competencias autonómicas y limitar su descomunal endeudamiento. Se debe procurar el cumplimiento de  la Constitución en cuanto a propiciar la igualdad de todos los españoles.  
Tal recuperación de la credibilidad de los ciudadanos en la política y en los políticos, pasa necesariamente por la ejemplaridad que han de dar estos servidores públicos, por eliminar o reducir determinados privilegios y exenciones, como el vergonzoso número de aforados y el de liberados sindicales, entre otros casos,  en favor de una mayor igualdad entre todos los españoles. Y, si para ello, hay que reformar algunos artículos de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, no les queda más remedio a los partidos políticos que ponerse de acuerdo para lograr el requisito del consenso. Pero, si por un exceso de ambiciones político/partidistas, no se lograse ese consenso, el Gobierno debe de hacer uso de la mayoría absoluta otorgada por los electores.
CAMBIOS LEGISLATIVOS, REGENERACIÓN POLÍTICA, INSTITUCIONAL Y  DEMOCRÁTICA EN ESPAÑA.
La urgente necesidad y exigencia de unos cambios legislativos moderados, aparecen más acentuados por el hecho de que el pueblo español todavía está padeciendo el azote de la dura y larga crisis, cuyos comienzos se pueden situar en torno al año 2007. Por lo tanto,   salta a la vista que éste no es el momento adecuado para abrir un debate sobre la alteración del actual modelo de Estado, planteando su sustitución por otro federal y republicano, según pretenden y propugnan algunas fuerzas políticas y sindicales. Los que hacen tal propuesta, saben o debieran de saber que las principales preocupaciones de los españoles, a día de hoy, son el paro, la corrupción, el descrédito de los partidos políticos, de los sindicatos de clase y de otras instituciones del Estado. En consecuencia, los esfuerzos de todos los representantes públicos, elegidos por los ciudadanos, han de estar orientados básicamente a la reactivación de la economía y a solventar el acuciante y citado problema del desempleo.
Tarea prioritaria ésta, que, por cierto, no compete sólo a quienes detentan el poder. Por lo demás, los gobernantes y dirigentes sociales, deben de ser conscientes también de que para lograr una profunda regeneración de las instituciones y recuperar la confianza perdida, no basta con la Ley de transparencia ni con que se publiquen otras de carácter regeneracionista. Tampoco con establecer códigos éticos y de buenas prácticas, puesto que lo verdaderamente importante y que la sociedad demanda es que el Estado de Derecho sea respetado, y que tanto las leyes como las resoluciones de los jueces y sentencias de los Tribunales de Justicia, se cumplan. Pero es público y notorio que existen casos, que pueden ponerse como ejemplos de flagrantes incumplimientos, tales como los ya conocidos de Cataluña y Andalucía. Y esto, es lo que resulta inadmisible y decepcionante para el ciudadano cumplidor de sus deberes.   
Es incuestionable que un buen ordenamiento jurídico, rigurosamente articulado en torno a una Carta Magna o Constitución reformada, puede posibilitar y facilitar mejor la regeneración de la vida política y democrática de este país. Es cierto que el paro y corrupción constituyen el mayor problema con el que se enfrenta España, pero la solución a esta lacra socio/laboral y política pasa por la reactivación de la economía y la recuperación de la confianza en los: partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, por la vía de sus actuaciones honestas, responsables, ejemplares y transparentes. Éste, además, es el camino o la ruta a seguir para que los inversores descubran y aprecien que España es un espacio seguro para poner en marcha o retomar iniciativas que dinamicen el complejo tejido productivo y que habían quedado paralizadas a causa de esta tremenda crisis, que, por otra parte, la han desencadenado los poderosos de diferente pelaje, pero que sólo la han padecido y soportado los más débiles de la sociedad.
REFLEXIONES SOBRE LA CORRUPCIÓN Y SUS PERNICIOSOS EFECTOS PARA LA DEMOCRACIA. MEDIDAS CORRECTORAS. 
La cuestión de fondo, radica en que la señalada regeneración de la vida pública, sea planteada sin demoras, y con el suficiente rigor, para que produzca los ansiados efectos respecto a que esta tambaleante democracia pueda quedar sólidamente apuntalada y asentada. Igualmente, hay que hacer hincapié en que el conjunto de medidas correctoras, deben de incluir una considerable reducción del tamaño de las administraciones del Estado y la racionalización del gasto público. Y ello, no se consigue exactamente con la reducción del número de funcionarios o recortando en determinados sectores, como: el sanitario y el docente, ni tampoco aplicando tales criterios a los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Por el contrario, el meollo del asunto está en una racional armonización de las diferentes administraciones, eliminando las duplicidades o triplicidades administrativas. Además, salta a la vista que la contención del gasto público, debe de tener como objetivo primordial la disminución al mínimo indispensable del número de cargos políticos y de asesores en los distintos niveles de la administración. Y, sobre todo, normalizando y vigilando el intrincado y escabroso tema o cuestión de las subvenciones a partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales. Pero, más importante todavía sería que los responsables públicos procurasen la plena efectividad en la aplicación de todos los mecanismos de control, legalmente establecidos por la misma democracia, para evitar en el futuro malversaciones, apropiaciones indebidas o desvíos de fondos públicos.
De la oscuridad del  túnel de esta tremenda crisis económica, laboral, familiar y social, sólo se sale por la senda de la regeneración democrática, luchando con tenacidad y sin  contemplaciones contra la corrupción y los corruptos, así como eliminando de raíz prebendas, privilegios, desigualdades y discriminaciones. En definitiva, y en síntesis, que no hay más remedio que recurrir a mecanismos adecuados, para recobrar o restablecer la pérdida de la confianza en las instituciones del Estado y para lograr que la transparencia brille con luz propia en los distintos espacios de la vida pública española. En suma, se trata de mejorar la calidad democrática y de acercar la política a los ciudadanos.  
Todo ello, deviene en requisito indispensable para organizar adecuadamente la convivencia ciudadana y conseguir el bienestar de todos y cada uno de los individuos y colectivos  sociales. Las leyes, que tienen su origen en las necesidades de la sociedad y en la voluntad del pueblo, expresada ésta en las urnas durante los diferentes procesos electorales, respaldan y favorecen la atribución de derechos y deberes, así como de responsabilidades entre los electos, los diversos partidos políticos, los denominados agentes sociales y los ciudadanos electores. Unos, deberán de asumirlas como gobernantes, otros, haciendo una oposición constructiva o prestando su responsable colaboración en circunstancias tan excepcionales como la presente, y, en todo momento, ejerciendo la función de controlar a quienes recibieron el encargo de gobernar. A los ciudadanos, concierne criticar a los electos a través de los medios legítimos en democracia. Pero, ni la oposición política ni los ciudadanos electores tienen legitimidad alguna para entorpecer la acción de los gobernantes, sobre todo, cuando esté orientada a sacar a la sociedad del estado de postración en el que está sumida.
Por otra parte, las afirmaciones vertidas sobre las tramas de corrupción, parecen situarnos, intelectual y mentalmente, en lo paradójico y hasta contradictorio del discurso democrático.  Y tal percepción es correcta, pero también es indudable que dichas conductas antidemocráticas o parademocráticas obedecen a una concatenación de motivos, que tienen su explicación, aunque no siempre, ciertos hechos y conductas, tengan una comprensible justificación. El entrañable y avispado lector, entiende a la perfección que en las democracias pluripartidistas, como es el caso de la española, la alternancia constituye en sí misma uno de sus valores más importantes, a la vez que es garantía de perdurabilidad y solvencia moral del sistema. Se impone reformar y regular las funciones de los partidos políticos, a fin de que puedan ser más representativos y facilitar una mayor participación a los ciudadanos electores. Y todo esto, en previsión de que no constituyan por sí mismos y directamente un sistema cerrado de partidos o una partitocracia, ya que supondría una merma de las esencias de una democracia  verdaderamente participativa y de representatividad más directa.
 
Antonio José Parafita Fraga, es escritor y comentarista de temas sociales y políticos.  De su blog: verbosuelto.blogspot.com.



LAS TRAMAS CORRUPTAS DEBILITAN LA MALTRECHA DEMOCRACIA ESPAÑOLA. 2ª PARTE.

  Por Antonio José Parafita Fraga. Escritor y comentarista de temas sociales y políticos. De su blog: verbosuelto.blogspot.com


CONTRATO SOCIAL Y LAS RELACIONES ENTRE ELECTORES Y ELECTOS.

 Huelga señalar que lo apuntado en la 1ª PARTE del trabajo realizado y publicado con el título de LAS TRAMAS CORRUPTAS DEBILITAN LA MALTRECHA DEMOCRACIA ESPAÑOLA, ya define y establece las líneas generales y básicas de un auténtico contrato social entre administradores y administrados, gobernantes y gobernados, entre candidatos electos y electores, y que de su incumplimiento se debe derivar necesariamente la asunción de las pertinentes penalizaciones por parte de quien rompa tal pacto bilateral, establecido de acuerdo con las formalidades democráticas, con la finalidad de prestar los más adecuados servicios sociales, orientados a conseguir un mayor grado de bienestar del pueblo soberano. Y en este punto, no se puede obviar que los políticos tienen su razón o la de su existencia en el apoyo del ciudadano, y que éste, además, viene obligado, por razones de ética social, a censurar o reprochar, por los medios a su alcance, aquellas conductas que interfieran la consecución del bien común y el interés social.
Sobre este particular tema del pacto social, conviene recordar alguno de los planteamientos conceptuales e ideológicos que hizo, Jean-Jacques Rousseau, en sus obras El contrato Social y Emilio, o de la Educación, como experto que fue en filosofía política, ciencia política y sociología. El contrato social, es un concierto real realizado en el interior de un grupo o colectividad por sus miembros, por ejemplo, el que se adquiere en un Estado con relación a sus derechos y deberes y los de la ciudadanía. Se parte de la idea de que todos los miembros del grupo concuerdan, por voluntad propia, con el contrato social, en virtud de cuya concordancia admiten la existencia de una autoridad, de unas normas morales y de unas leyes a las que se someten. El pacto social es una hipótesis explicativa de la autoridad política y del orden social.
El contrato social, como teoría política, explica, entre otras cosas, el origen y los objetivos del Estado, así como la base de los derechos humanos. La esencia de la teoría, propuesta por Jean-Jacques Rousseau, puede sintetizarse en que para vivir en sociedad los seres humanos conciertan hacerlo  bajo un contrato social implícito, que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en estado natural. De suerte que los derechos y los deberes de los individuos constituyen las cláusulas de dicho contrato social y el Estado es la entidad creada para hacer cumplir el contrato. Pero los seres humanos pueden cambiar los términos del contrato, teniendo en cuenta que los derechos y los deberes no son inmutables o naturales. Y, por lo demás, debe destacarse que un mayor número de derechos implica mayores deberes, y que a menos derechos, menos deberes.
LA IMPERFECCIÓN DEL SER HUMANO Y LA NECESIDAD DE ESTÍMULOS,  ORIENTACIONES Y CONTROLES.
La negligente y descuidada acción de control a los gobernantes, viene a constituir otro de los fallos en el correcto funcionamiento de la actividad democrática. Al respecto, hay que recordar que la democracia se ha definido y presentado como el menos malo de los sistemas o regímenes políticos, queriendo poner de manifiesto, de manera indirecta, su vulnerabilidad e imperfección. Asimismo, de tal aseveración se deduce que es necesario mantener en permanente estado de alerta y diligente celo los dispositivos correctores y reequilibradores, no sólo por la fragilidad del sistema sino también, y de manera muy particular, por la tendencia instintiva del ser humano a alterar el orden de las cosas y dominar a sus propios congéneres. Por lo que sería muy sensato aplicar aquello de la sentencia clásica si no te mueve el amor, que al menos lo haga el temor. No obstante, el sistema democrático es aceptado por la mayoría de las personas del mundo civilizado, por ser el menos malo.
Esta reflexión política sobre la síntesis de la realidad conductual de los representantes del pueblo español, procede situarla en el contexto de una sociedad desangrada, corrompida, postrada y en estado comatoso, debido a los golpes recibidos de dirigentes desalmados y sin escrúpulos, que han ostentado en el pasado reciente cargos públicos en este país. Por otra parte, esta inquietante realidad también es atribuible al grado de degradación moral en que la han sumido un número indeterminado de políticos, sindicalistas y otros agentes sociales. En tal sentido, no es infrecuente escuchar que el poder puede corromper a quien lo ejerce y que si éste es absoluto y ejercido durante mucho tiempo, el grado de corrupción suele adquirir mayores proporciones. La práctica diaria y la experiencia, demuestran fehacientemente que quienes desempeñan determinados puestos en las diferentes administraciones, en modo alguno, están exentos de la tentación de claudicar o sucumbir ante ciertos ofrecimientos cautivadores, ni tampoco libres de las influencias y presiones de carácter familiar o amical.
Convendría recalcar que el clientelismo histórico y el caciquismo endémico y multisecular, son claros exponentes tanto de comportamientos inaceptables como de la necesidad imperiosa de tener permanentemente activada la alarma de los controles democráticos. En términos relativos, se puede defender que el rigor del análisis político, exige, por una parte, evitar las generalizaciones, y, por otra, obliga a no caer en reduccionismos de carácter simplista y que estén afectados de un excesivo grado de ingenuidad y candidez, como, por ejemplo, afirmar, cuando se enjuicia la actuación de la clase o casta política, que todos los políticos son justos y honestos o que todos son deshonestos y corruptos, ya que en ambos casos la aseveración sería incorrecta y no adecuada, por no ajustarse a la realidad conductual de la mayoría. Ahora bien, lo que sí ocurre es que, con frecuencia, los pecados de los últimos suelen pesar más que las virtudes de los primeros, sucediendo, además, que, en ocasiones, pagan justos por pecadores.
 
LAS GENERALIZACIONES, CANDIDATURAS Y LA LIBRE INTEGRACIÓN EN UN MALTRECHO SISTEMA POLÍTICO Y DEMOCRÁTICO.
Pese a que las generalizaciones no están bien vistas, el autor de este análisis político y social sostiene, a título personal, la teoría de que la plaga de la corrupción afectó y sigue afectando tan profundamente al sistema político en su conjunto y a los subsistemas, que se puede defender, sin ambages, que la democracia española gravita sobre un sistema político y democrático corrupto y debilitado por este entramado de actuaciones presuntamente ilícitas o, incluso, delictivas. Y, en consecuencia, cuando un aspirante o candidato a ocupar un cargo público, político, sindical o administrativo de confianza acepta, libre y voluntariamente, asumirlo por el mero hecho de formar parte de unas listas. Es sabido que, incluso, algunos candidatos presionan a los dirigentes de los partidos para su inclusión en las candidaturas. 
En la práctica, ningún candidato ignora que las candidaturas, listas, son cerradas, por lo que ya sabe de antemano o debiera de saber que va a integrarse en ese mismo sistema político pervertido, degradado y socialmente desacreditado, y, además, con pocos atisbos o previsiones de que vaya a ser saneado o regenerado a corto y medio plazo. Por tal motivo, las censurables generalizaciones, en determinados casos, adquieren un cierto sentido lógico, pudiendo ocurrir o resultar, por ello, que no siempre sean odiosas, como suelen asegurar algunos conspicuos y puritanos analistas. En el razonamiento expuesto anteriormente, no se analizan ni juzgan las actitudes y comportamientos de los políticos a nivel personal, sino a los políticos en cuanto que están libremente formando parte de un sistema dañado y debilitado por las tramas corruptas.
A este comentarista, le parece que los últimos casos de supuestas corrupciones, destapados en Cataluña, Andalucía, Baleares, Galicia, y otras partes de España, obligan, cívica y moralmente, a realizar una reflexión profunda y urgente sobre la más que necesaria regeneración política y democrática, ya que, de modo contrario, tendrá que ser la sociedad civil la que tome la decisión de plantarse frente a los apaños de los políticos, y la que, con sus movilizaciones, ponga en evidencia su inoperancia e incapacidad para llevar a cabo esa acción política regeneradora de la maltrecha democracia española. Asimismo, se pondría de manifiesto su falta de voluntad política para poner remedio a las patologías que aquejan a este enfermizo sistema democrático, antes de que adquiera la situación o estado de patología crónica irreversible. A día de hoy, es evidente que la democracia en España está fatigada y herida. Y los políticos, están dando la impresión de anteponer los intereses partidistas a los generales del país. Algo, por otra parte, muy deplorable. No valen, pues, componendas ni simulaciones de normalidad, con la pretensión de ocultar la verdad sobre el actual contexto político español. Es sabido que la inoperancia de los partidos políticos clásicos y la cobardía de los gobernantes, propiciaron el  resurgimiento de otras opciones extremistas, radicales, populistas, demagógicas y totalitarias.  
LA BANDERA DEL PATRIOTISMO NACIONALISTA. FILÓSOFOS,  PENSADORES Y TEORÍAS DE LA CIENCIA POLÍTICA.
La falacia del patriotismo nacionalista, no fue ni es suficiente para tapar las vergüenzas y los despropósitos económicos, socioculturales y políticos cometidos por los defensores a ultranza de los nacionalismos radicales, insolidarios, utópicos y excluyentes. Tampoco son aceptables, para una buena higiene democrática, la sarta de falsedades, patrañas, tretas y ardides que utilizaron y utilizan algunos políticos con el objeto de desviar la atención de los ciudadanos de las desastrosas actuaciones y de los desafueros cometidos por la clase o casta política y sindical. Con frecuencia, el sentimiento patriótico o el patriotismo, no es más que el refugio de sablistas y vividores. De auténtica miseria moral, califican algunos el discurso nacionalista con el que se pretende culpabilizar a los demás de los propios errores y torpezas. Probablemente, sea menester recordar aquí, para reequilibrar también mentes y estados de ánimo, las distintas concepciones que del ser humano y de la política tuvieron algunos de grandes filósofos y pensadores de la época clásica, e igualmente de tiempos posteriores. 
Y esto, a los efectos de poder explicar y entender muchos de los comportamientos, individuales y colectivos, que han tenido y siguen teniendo los hombres y los pueblos, de antes y de ahora. Pues, tengamos en cuenta que sus teorías y conceptos han tenido gran influencia a lo largo de la historia, por cuanto fueron inspiradores y conformadores de filosofías y ciencias políticas, así como de teorías sociológicas, que contribuyeron en gran medida a armonizar y articular la vida pública y política de Occidente, entre ellos, cabe destacar a: Aristóteles, Platón, René Descartes, Inmanuel Kant, Charles Louis Montesquieu, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau y John Locke. En cualquier caso, sería interesante que los nacionalistas dejasen de lado el discurso radical y totalitario o, al menos, lo acompasasen con notas integradoras y solidarias, a fin de que la melodía sociopolítica pudiera sonar con la fuerza e intensidad armoniosas, que requiere una convivencia pacífica y generadora de bienestar individual y social.
A propósito de las escandalosas y hediondas corruptelas y tropelías antidemocráticas, que cubren de vergüenza y tristeza el suelo patrio español, es sabido que las miradas de la ciudadanía se centran especialmente en Cataluña, Andalucía, Baleares y Valencia, razón por la que este analista de temas sociales y políticos estima oportuno detenerse especialmente en Cataluña y Andalucía, por estar de actualidad una serie de hechos que guardan relación directa con el titular del presente trabajo las tramas corruptas y la debilitación de la maltrecha democracia española, dejando para otra publicación los restantes casos. Al respecto, se reproducen las palabras del político catalán, Sr. Maragall, pronunciadas en el año 2005 sobre el expresidente, Jordi Pujol, al intentar precisar el asunto de las comisiones: ni tan siquiera se tiene en cuenta la autoridad moral y política de Jordi Pujol.
OPINIÓN PUBLICADA SOBRE SUPUESTAS TRAMAS CORRUPTAS Y EL PACIENTE Y HONESTO CIUDADANO.
Fíjese el lector en que, ya por aquellas fechas, según se desprende de las declaraciones de Maragall en el Parlamento de Cataluña, el expresidente de la Generalidad, Jordi Pujol, estaba comenzando a dejar de ser honorable y a perder su credibilidad política y autoridad moral, de manera pública y considerable. De suerte que, si tiramos de hemeroteca, nos encontraremos con que el Presidente Maragall no tuvo empacho alguno en comparar el tema del Carmelo con lo del Prestige, en Galicia. También nos podemos enterar de que el porcentaje de las mordidas o comisiones en Cataluña, no era del 3% sino del 5%, llegando, en ocasiones, al 20%. ¡Vaya trinque y modo más fácil de hacer fortuna!, a costa de esquilmar a ciudadanos y empresarios, tanto de dentro como de fuera de Cataluña. 
La cuestión de fondo, fue y sigue siendo, que por las presuntas actuaciones delictivas de estos últimos años, cometidas por el clan familiar Pujol-Ferrusola, es legítimo afirmar que el que fuera muy honorable presidente de Cataluña, Jordi Pujol, dejó de serlo y su solvencia, moral y política, está en estos momentos bajo mínimos y en entredicho. En esta línea de crítica a la conducta supuestamente fraudulenta del expresidente Jordi Pujol, Financial Times, el periódico británico, incondicional hasta ahora de CiU, modula su entusiasmo y pide a Rajoy que aproveche la debilidad relativa de Mas, a la vez que le dedica al expresidente las perlas, en los términos que siguen: Es la vergüenza de Cataluña, una mancha sobre España. Y esta otra: Pujol es un hipócrita y una vergüenza para Cataluña.
LA EJEMPLAR ACTUACIÓN CÍVICA, MORAL Y POLÍTICA DEL SINDICATO  MANOS LIMPIAS.
En cambio, es digno de todo encomio y, en consecuencia, de realzar, el  comportamiento ejemplar del sindicato Manos Limpias en la lucha contra la corrupción, a diferencia de la pasividad e inhibición del resto de las fuerzas sindicales y de los partidos políticos, que han guardado un silencio aparentemente cómplice. Por lo que al autor de este trabajo, le ha parecido obligado y justo poner de manifiesto, ante la opinión pública, algunas de las actuaciones más importantes y significativas de este sindicato, entre otras, la presentación de una querella contra las personas e instituciones que presuntamente han perpetrado hechos delictivos. Por lo que, a continuación, se informará de que, según la prensa, digital y en papel, el Sindicato Manos Limpias, ha asegurado que dispone de datos que acreditan, por ejemplo, que coches oficiales de la Generalidad de Cataluña, cargados de dinero público, se trasladaron a Suiza, durante la etapa en que gobernaba Jordi Pujol, para que se ingresaran directamente en bancos de Ginebra y Zúrich.
Resulta asombroso y estremecedor pensar que esto haya ocurrido, y aún se esté haciendo,  mediante la utilización, presuntamente ilegal, de fondos públicos, ha afirmado el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, tras la presentación de una querella contra el expresidente de la Generalidad catalana, Jordi Pujol, y su esposa, Marta Ferrusola, por siete supuestos delitos. Bernad, ha añadido que el sindicato estudia ampliar la querella a la Oficina Antifraude de Cataluña por haber mirado hacia otro lado y no haber tramitado las denuncias de empresarios que habrían alertado de las hipotéticas prácticas corruptas durante los gobiernos de Pujol. Así pues, Manos Limpias ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, en la que se acusa a Pujol de los probables delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, delito fiscal, falsedad en documento público, blanqueo de capitales y prevaricación.
De igual modo, el sindicato Manos Limpias acusa a Marta Ferrusola de complicidad y cooperación necesaria en esos supuestos delitos. Para Bernad, éstas actuaciones formaban parte de una política, financiera y económicaa, que, ha asegurado, contaba, en aquel entonces, con la complicidad de la Fiscalía y de los gobiernos de Felipe González y José María Aznar, quienes, en opinión de Bernad, sabían o conocían de forma clara y terminante todos los supuestos delitos que se podían estar cometiendo en el ámbito y entorno del gobierno de Jordi Pujol. La querella pide también la declaración en calidad de testigos de cuatro de los siete hijos de Pujol, por ser los que más implicados están, según Bernad, en el entramado societario de más de 80 empresas de la familia Pujol-Ferrusola, y que Manos Limpias vincula a las irregularidades cometidas.
Bernad, también ha afirmado que la examante de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, está dispuesta a dar una información en sede judicial, que todavía no se ha aportado en el procedimiento que la Audiencia Nacional tiene abierto contra el primogénito del expresidente. La sombra de los Pujol es alargada, y Manos Limpias cree que el fraude de los Pujol puede llegar a los 50.000 millones de euros, como mínimo. Pero el Secretario General de esta organización, teme que no se pueda llegar hasta las últimas consecuencias de este escabroso asunto, porque fuertes lobbies traten de torpedear la investigación. A mayor abundamiento, algunos destacados defensores mediáticos del independentismo secesionista catalán se han lanzado desesperadamente a justificar las conductas fraudulentas del que fuera considerado como honorable presidente, Jordi Pujol, y de sus hijos, con razonamientos propios de fanáticos instalados en el discurso de la radicalidad insolidaria, al margen del bien común tanto de los catalanes como del resto de los españoles.
 
COMENTARISTAS, LOS MEDIOS DE COMUNICAIÓN Y EL ENTRAMADO DE PRESUNTAS CORRUPTELAS EN ANDALUCÍA Y CATALUÑA.
Así, la combativa Pilar Rahola afirma, con patético desenfreno y sin reparo alguno, que Jordi Pujol es como nuestro padre, una víctima del sistema y un gran prohombre de nuestra democracia. Pero la tertuliana Rahola, cambia de discurso, y pasa al ataque, llegando al colmo de las incoherencias y contradicciones, al decir en su Twitter: reíd malditos, pero ni los pecados de cien pujoles frenarán el proceso de liberación del pueblo catalán. Y el caso es que la aguerrida Rahola, no se corta un pelo a la hora de decir ahora esto, pese a que en un primer momento condenó la actitud de Jordi Pujol. Y, por su parte, Xavier Trías, el 29 de Julio de 2014, declara: Lo que tiene que hacer Jordi Pujol es desaparecer y renunciar a todo, añadiendo que es una gran tristeza, es un final de etapa. Nos ha fallado. La sombra del pujolismo se ha acabado, lamenta el alcalde de Barcelona.
Y la guinda al pastel podrido de la corrupción en Cataluña, se puede poner con las palabras del columnista, Iñaki Zaragüeta, quien, en su artículo, titulado Algo más que un caso de corrupción, publicado en la versión digital de La Razón, del día 21 de Agosto de 2014, manifiesta: el tiempo dirá si nuestro sistema es capaz de contrarrestar estos episodios. Con la debida cautela y la pertinente sensatez, debe tomarse en consideración la montaraz frase: los traidores ya lo pagarán, al parecer, pronunciada por Marta Ferrusola, la llamada señora de Cataluña durante casi treinta años, de suerte que si yo fuera Xavier Trías, y/o algún otro más, dice el columnista, Iñaqui Zaragüeta, estaría vigilante y muy atento a los movimientos de la exprimera dama catalana y a los de su clan familiar, por lo que pudiera pasar.
Ser precavidos, siempre está bien. Y al respecto, no vendría mal recordar que en La Gaceta del día 25 de Agosto de 2014, Xavier Horcajo afirma que los Pujol hacen lista de sus enemigos en Convergencia, habida cuenta de que están decididos a batirse contra los que creen que han sido desleales, desagradecidos o desafectos. Por lo que se sobreentiende y deduce, los tambores de venganza del clan comienzan a sonar. Pero, la efectividad de tales bravatas, está por ver. En cualquier caso, con su forma de actuar, puesta en marcha, pudieran estar buscándole una hipotética utilidad al aforismo clásico la mejor defensa es un buen ataque. Por encima, todos en CDC coinciden en que el caso Pujol es un insoportable lastre electoral, aparte de que también están sorprendidos por la actitud del expresidente.
También el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha opinado en un medio de comunicación, el pasado 18 de Agosto de 2014, que el expresidente de la Generalidad, Jordi Pujol, se ha equivocado y cometió un error gravísimo, pero ha defendido el trabajo que ha desempeñado durante años en beneficio de Cataluña. Pero tiene guasa que, tanto en anteriores como  recientes declaraciones realizadas, este político catalán, Xavier Trías, haya establecido una pintoresca diferenciación entre defraudar y robar, aclarando que Jordi Pujol, en todo caso, no ha robado sino defraudado. No obstante, el alcalde de Barcelona ha omitido precisar los  años que el expresidente de la Generalidad de Cataluña estuvo defraudando a Hacienda y a todos los españoles.
Ya ven ustedes, dillectos lectores, cómo está el patio en Cataluña y Andalucía. Pero, la infamante realidad de la corrupción alcanzó también a otras regiones de España. Los datos sobre los supuestos actos delictivos cometidos en estas dos emblemáticas comunidades autónomas, son harto elocuentes, siendo, además, razonable pensar que acaecieron con el conocimiento y el silencio cómplice tanto del actual Presidente de la Generalidad catalana como con el de la propia Junta de Andalucía, sin excluir que supuestamente también estuvieron al tanto las cúpulas de los sindicatos de clase UGT y CC.OO, y las del PSOE y de la Junta andaluza.
 SINDICATOS Y POLÍTICOS EN EL PUNTO DE MIRA DE JUECES Y FISCALES. Andalucía, continúa siendo fuente inagotable de noticias para los medios de comunicación, toda vez que en esta Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta lo publicado, los presuntos estafadores, saqueadores y defraudadores de fondos públicos, incluidos los fondos de reptiles, no le van a la zaga a los de Cataluña, ya que los casos de corrupción encharcan, de modo parecido, a la Autonomía del sur de España, Andalucía. De hecho, y a propósito, Alaya mantiene que el tándem UGT y CC.OO cobró más de 7 millones, sin prestar a cambio ningún servicio efectivo. La jueza, recoge en su exposición razonada ante el Supremo un informe de la Guardia Civil, que asegura que las citadas organizaciones sindicales habrían recibido estas retribuciones de dos aseguradoras.Escrito por: El periódico La Razón, publica el día 01 de Septiembre de 2014, que Cargos de la Junta hicieron gratis un máster pagado con el fondo de reptiles. Los becados realizaron el curso de Alta Dirección de Instituciones Sociales impartido por la Fundación San Telmo.
Esta degradante información, se publica de modo semejante en otro medio, señalando, reiterando y precisando que los sindicatos UGT y CCOO cobraron entre el 2001 y el 2009 un total de 7,6 millones de euros de dos aseguradoras implicadas en los ERE fraudulentos de Andalucía, pese a que no prestaron ningún servicio efectivo, según la exposición razonada elevada por la juez Mercedes Alaya al Tribunal Supremo. En conclusión, que el informe remitido por la juez Alaya al Tribunal Supremo, es letal para CCOO y UGT. Se trata, en definitiva, de una mangancia o/y mamandurria de más de 7 millones de euros. Por lo demás, el articulista decide dejar para otra publicación el análisis crítico de los casos de presuntas corrupciones que tuvieron lugar en otras Comunidades Autónomas del Estado. ¡Oh!,experto lector, sólo vivir  para ver, y creer en cómo está España, a causa de los demoledores y nocivos efectos de las referidas tramas de corrupción.   
Como consecuencia de tanta podredumbre, la sociedad española lo que realmente necesita es que sus políticos pongan en marcha, más pronto que tarde, mecanismos de regeneración democrática, encaminados a fortalecer, afianzar y apuntalar el Estado de Derecho, aunque el primer indicio de ese proceso regenerador tendría que ser, que, en las arcas del Estado, se notasen los resultados de la restitución por parte de todos los que han metido las manos en la caja de los fondos públicos. No sería, pues, admisible que se hiciese borrón y cuenta nueva, sin devolver al tesoro nacional todo lo defraudado por los responsables de gestionar y administrar el patrimonio y los recursos financieros de los ciudadanos. Pero, no se hagan demasiadas ilusiones, porque pronto los maniobreros de la política, del derecho y de la justicia, nos vendrán con la monserga de que no se puede recuperar un solo euro, porque los delitos han prescrito, y esto, para regocijo de los estafadores y recochineo de los contribuyentes estafados.
FALACIAS Y DECLARACIONES DE POLÍTICOS Y PERIODISTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, NACIONALES Y EXTRANJEROS.   
Mientras tanto, el resto de España asiste al bochornoso y triste espectáculo de unos políticos catalanes, recurriendo a todo tipo de falacias, argucias y discursos engañosos para propalar la idea de una campaña anticatalanista y la de que España roba a Cataluña. Y ésta es la cantinela que, como mantra, vienen repitiendo los corifeos y adalides del nacionalismo separatista catalán, cada vez que se denunciaba o denuncia algún desmán político, por decirlo suavemente, cometido en Cataluña. Esa fue y sigue siendo la gran falacia y la proclama totalitaria del catalanismo prepotente y de exclusión. Naturalmente, esto ha conducido a la peligrosa deriva de las radicalizaciones nacionalistas catalanas, de corte secesionista o independentista, que está siendo neutralizada por los casos de presunto latrocinio o fraude de la familia de Pujol- Ferrusola.
El informe sobre las mordidas de Jordi Junior, cae como un obús en el clan Pujol, sin que sirva de nada envolverse en la senyera ni recurrir al histórico y clásico seny catalán, para salvar tanto la pérdida de la reputación del mencionado grupo familiar como para evitar los efectos perjudiciales para el prestigio de la propia Cataluña. Todo el proceso separatista catalán, puede saltar por los aires o, al menos, experimentar una fuerte sacudida, porque Cataluña, en líneas generales, está más podrida por los casos de corrupción y endeudamiento por los despilfarros que las demás Comunidades Autónomas del Estado.
Al respecto, resulta especialmente duro el titular dado por el escritor y periodista, Pablo Planas, a un artículo, publicado el día 19 de Agosto de 2014, en Libertad Digital: Andalucía y Cataluña, dos maneras de robar. El articulista, concede más gravedad al asunto catalán que al saqueo generalizado de los fondos públicos y/o de reptiles por parte del socialsindicalismo andaluz, porque, en Cataluña, se trata, según él, además de defraudar, robar o malversar fondos públicos, de un plan golpista para separar a Cataluña de España, y continúa diciendo en su artículo, Pablo Planas: sí, en Andalucía se roba, pero no en nombre de la patria. Y el saqueo andaluz es inmoral, pero menos que el escándalo catalán. 
Finalmente, y a modo de colofón de la materia desarrollada, se aportan algunos testimonios que describen bien a las claras la realidad de una España saqueada y empobrecida por la nefasta e ignominiosa actuación de un número indeterminado de corruptos y corruptores, que llevaron a cabo sus tropelías y desafueros desde las cercanías del poder, e, incluso, con demasiada frecuencia, contando con el amparo y la protección de los gobernantes de turno. Por lo demás, las tramas corruptas ponen de manifiesto que la democracia española está debilitada, sin resuello y con una apremiante necesidad de que sea rehabilitada por unos dirigentes honestos, coherentes, comprometidos, transparentes y dispuestos a anteponer la defensa de los intereses y derechos del conjunto de la ciudadanía a los privilegios y prebendas particulares de la denominada clase o casta política o/y de grupos de presión sociales.
 
SÍNTESIS Y TESTIMONIOS CONCLUYENTES DE POLÍTICOS Y COLUMNISTAS. AUTOS O/Y RESOLUCIONES JUDICIALES Y PROFUSIÓN DE VALORACIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
A propósito de la temática desarrollada a lo largo del presente trabajo, procede traer a colación las palabras de la Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que, al explicar las razones del descenso de las huelgas y concentraciones en la calle, aduce dos: una, que la economía ha mejorado, y otra, que los grupos antisistema decidieron participar del sistema y pasar a ser casta. Por su parte, y con relación a las supuestas tramas de corrupción en Cataluña, Carina Mejías, de Ciudadanos, dijo recientemente en un medio de comunicación: que de la obscena ostentación que hacían los miembros del clan Pujol, con una fortuna que era imposible justificar su origen,  a no ser por una trama corrupta organizada desde el poder. Asimismo, no se debe pasar por alto el hecho de que en varios medios de comunicación y en la calle, se comenta la sospecha de que el PSOE y el PP han formalizado unos pactos de gobernabilidad y de silencio cómplice, ante el avance que dan las encuestas a los partidos de la izquierda radical y de la izquierda plural.
Sin embargo, la verdadera prueba de la flaqueza y agotamiento de la democracia española, se ve reflejada, por ejemplo, en las declaraciones del coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, al aseverar que la reforma electoral de la que habla el Gobierno, es un golpe de estado franquista, y que, llegado o dado el caso, incendiará las calles con movilizaciones. No debe olvidarse que el Gobierno del Presidente, Mariano Rajoy, está sustentado por un partido que ganó con total legitimidad democrática y con mayoría absoluta las pasadas elecciones generales.

Y otra muestra de la deficiente cultura democrática en este país, se  puede apreciar en unas declaraciones del expresidente, Manuel Chaves, a propósito del fraude de los ERE, en Andalucía, cuando afirma: Alaya quiere destrozar el partido que levantó Andalucía, añadiendo que, en su opinión, este caso ha tenido connotaciones políticas, y ha sido una especie de proceso político judicial, en el que se ha tratado de destrozar a un partido que levantó Andalucía. Y se quedó tan pancho y tranquilo. En última instancia, lo que se ha descrito, mostrado y analizado a lo largo del presente trabajo, no fue más que el entramado de un timo institucionalizado, con la finalidad de que los lectores también pudieran hacer su reflexión personalizada y una crítica valorativa del mismo, y de los hechos presentados y analizados.
En los últimos días, es habitual leer en los diferentes medios de comunicación, españoles y extranjeros, noticias o informaciones relativas al espinoso asunto de las tramas corruptas en España, pero que el comentarista destaca sólo algunos ejemplos: Alaya señala a altos cargos de la Junta, sindicatos y PSOE como receptores de los ERE. Y, sobre el particular, se debe tomar en consideración el titular de cabecera del diario La Razón, del día  26 de Agosto de 2014, que deja sentado lo que sigue: Susana Díaz, presidenta de Andalucía, se desmarca de José Antonio Griñán y de Manuel Chaves, al aprestarse a publicar con toda celeridad la lista de los 1.162 beneficiarios de las exoneraciones, ligadas a las ayudas para la formación, manifestando la Junta que las había llevado a cabo con motivo de los recortes, para poder atribuir o trasladar la responsabilidad al Gobierno. Sobre el fraude en los cursos de formación, en Andalucía, ABC-Sevilla, en su publicación del día 02/09/2014, añade: La Junta liberó a sindicatos y patronal de tener que justificar 200 millones en ayudas. De tal suerte  que, en la lista de exoneraciones que ahora ha publicado el Gobierno andaluz, de prisa y corriendo, se incluyen 11 expedientes de la CEA, con 79 millones; 25 de UGT, con algo más de 62 millones, y 16 de CC.OO, con unos 50 millones.
Ahora bien, en cuanto a los presuntos fraudes por los cursos de formación, debe tenerse en cuenta y sopesar lo que publica el periódico El Mundo, el día 27 de Agosto de 2014: la Junta no dará más dinero a UGT ni a empresas hasta que se justifique lo recibido, dando la impresión, con esta medida, de que antes no se habían justificado correctamente las ayudas de referencia. Fueron unas actuaciones político/administrativas del actual gobierno de la Junta, que pusieron de manifiesto un claro intento de separar su gestión de la de los expresidentes que le precedieron y de sus equipos de gobierno. A primera vista, parece una confesión implícita de culpabilidad por parte de la Junta de Andalucía. Asimismo, ésta  cambia el control del ente que pagaba los ERE, 13 años después. Qué está pasando, pues, para que desde la Administración Autonómica andaluza se estén tomando con tanta diligencia, firmeza y de manera apresurada determinadas medidas.
Y, en El Semanal Digital, del 25 de Agosto de 2014, aparece subrayado que Alaya, en su exposición al Supremo, indica que el pago a los sindicatos era indiciariamente de público y notorio conocimiento de la Consejería de Empleo de la Junta, debido al contacto tan estrecho que mantenían, y que el pago de sobrecomisiones sería conocido y autorizado por los máximos responsables del gobierno autonómico. Y también hace referencia a que una veintena de sindicalistas de UGT y CCOO se encuentran entre los 201 imputados por los ERE, encabezados por un líder estatal, José Luis Montesinos, secretario general de Fiteqa-CCOO, y un exsecretario general andaluz, Francisco Fernández Sevilla, de UGT-A.
Como síntesis conclusiva de ese extenso análisis, se aducen algunas pruebas tipo de la depauperación democrática de España, siempre según los medios de comunicación, las resoluciones o autos de los jueces y las sentencias de los tribunales de Justicia, las cuales se pueden resumir, extractar, condensar y simplificar en las siguientes noticias: La Hacienda española, devuelve a una empresa del hijo de Pujol, cuatro veces sus ingresos. Y el líder de Ciudadanos acusó a Jordi Pujol de ser el capo de una mafia, añadiendo que él solo no ha podido hacerlo todo, ha tenido que tener un clan, que es CiU. Así, Albert Rivera remarca que no es el caso Pujol, es el caso Convergencia, que se ha favorecido de mordidas y comisiones. Y, el periodista, Ángel Expósito, no se anduvo por las ramas ni con paños calientes al hablar de Jordi Pujol y su fortuna, calificando al expresidente de la Generalidad de Cataluña, como un ladrón que nos ha robado a ti y a mí. Estas declaraciones,fueron  publicadas en Periodista Digital, el día 03/09/2014.
Antonio José Parafita Fraga, es escritor y comentarista de temas sociales y políticos.  De su blog: verbosuelto.blogspot.com.
.